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El abandono del sistema
clásico de las penas rígidas y la adopción
del sistema de las
penas alternativas y de las penas divisibles, trasladó la
cuestión de la individualización legislativa
de la pena a su individualización judicial; de ello
se deduce que ésta última, es el acto
jurisdiccional por medio del cual el juez determina las
consecuencias jurídicas de un delito
según la clase, gravedad y forma de ejecución del
ilícito cometido.
Sin embargo, el tratamiento de la determinación
judicial de la pena debe estar precedido por el estudio de la
individualización legal de la pena y seguido por lo que
ocurre en la faz administrativa, una vez que el juez impuso la
condena.
Efectivamente, el legislador, al sancionar una norma
punitiva puede optar entre predeterminar un marco penal
más o menos amplio del cual, posteriormente, el juez
deberá individualizar la sanción justa -sistema de penas
relativo- o establecer una pena invariable.
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