Álvaro Valero / Página Siete.
Participantes en el seminario, el martes en la UMSA.
Manuel Filomeno / La Paz
En los últimos años, los trabajadores destinaron hasta el 55% de
sus ingresos para pagar impuestos, de acuerdo con un documento de
trabajo presentado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA).
El análisis fue presentado en el seminario "Presión tributaria
SIN justicia”, llevado a cabo ayer y el martes en la Universidad Mayor
de San Andrés (UMSA).
Según los datos analizados a base de información del Ministerio de
Economía y del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2006
hasta 2015, en promedio los trabajadores destinaron el 55% de sus
ingresos brutos al pago de tributos, tanto impuestos nacionales,
municipales y aduaneros.
Mientras que en el caso del sector privado, la presión fue del 27%
para las empresas del sector hidrocarburos y del 16% en el resto de
las compañías.
De acuerdo con Enrique Velazco, director de la fundación Inaset,
esta desigualdad se ve confirmada al realizar un análisis de la
estructura del Producto Interno Bruto (PIB) desde la perspectiva de la
renta, compuesta por la remuneración a los trabajadores, el excedente
bruto que retienen las empresas y los impuestos.
"Mientras que en términos de valor, la remuneración de los
trabajadores ha crecido en casi 10 veces hasta 2013, en porcentaje,
este indicador ha caído de 36% a 25,1%, mientras que los impuestos han
pasado de representar el 8,6% del PIB a llegar al 25,4%”, explicó.
Velazco sostuvo que este incremento en los impuestos como
porcentaje del PIB se presenta en desmedro de los ingresos de los
trabajadores, ya que en el mismo periodo, el excedente bruto de las
empresas se mantuvo estable, cercano al 50%.
"La lógica de la política tributaria es de recaudación, y a quien
le van a caer más fácilmente es al trabajador, porque es el que tiene
menores posibilidades de defenderse”, subrayó.
Efectos sobre la demanda
Velazco identificó que la lógica de recaudación que aplica el
Gobierno viene desde la década de los años 80 y tiene como consecuencia
una reducción del consumo, que a su vez incide en la demanda interna,
que al disminuir genera una menor demanda de mano de obra y así de
empleo.
"El Estado, al mantener esta situación, recauda más, pero a la
larga, los trabajadores cuentan con menos recursos para el consumo, lo
que desincentiva el consumo interno y el empleo, haciendo de una
economía pequeña como la que tenemos, en una más pequeña y beneficiando a
la importación y al contrabando, el cual suple los productos
nacionales, menos competitivos en el mercado”, ejemplificó.
