Las reformas al Código Tributario desde la perspectiva del
contribuyente no han reducido el gran peso que representa ser formal;
por lo tanto, el camino de solución no es mediante estrangulamiento al
formal ni apostando a la represión tributaria para lograr recaudaciones
históricas jactanciosas sino que ameritaría un cambio de paradigma más
orientado hacia el sentido común y la verdad material.
Es menester entender que el tema tributario no puede verse de manera aislada del gasto público.
Los tributos sirven para financiar el gasto público, por lo tanto, se
debiera avanzar hacia un consenso sobre qué tamaño de Estado queremos a
mediano plazo, con lo cual podemos definir qué nivel de presión
tributaria se necesita.
Cuando hablamos de presión tributaria (relación entre ingresos
tributarios y el PIB) se refiere a lo más importante de los ingresos por
impuestos pero usualmente no se incluye las contribuciones, las tasas e
impuestos municipales, impuestos administrativos, etc. Si se incluyera
esto más, la presión tributaria sin duda es mayor.
En todos los países que tienen un Estado agigantado (donde se inventan
más cargos públicos en los municipios, gobernación, etc.), resulta que
el problema con el gasto público es la ineficiencia con la que se gasta,
no se ve mejoría en calidad de servicio, pese a todos los controles que
pudieran existir, máxime si esos controles implican a su vez aumentar
más funcionarios, esto es, seguir agrandando al Estado con más
burocracia. En contrapartida resulta que la cantidad per cápita del
gasto en educación y salud es muy bajo.
En esos casos, se debe apostar por una profunda reforma tributaria y
evitar aquellas políticas simplistas fundadas en el facilismo; esto es,
que ante la falta de ingresos para aumentar el gasto en educación y
salud, se pretenda aumentar las cargas impositiva al sector formal,
creando nuevos impuestos o subiendo las tasas impositivas, lo cual es
terrible porque va en contra de la productividad, es como echar aceite
al infierno fiscal ya existente.
Considero que más que estar pensando en incrementar el gasto, la mejor
salida sería ampliar la base tributaria, esto es, eliminar las
exoneraciones tributarias.
En otras palabras, que no exista el régimen simplificado, por lo tanto,
que absolutamente todos tributen pero bajando las tasas impositivas; por
ejemplo, reducir la alícuota del IVA al 5% (dentro de los países con
IVA más bajo se encuentran: Panamá con el 7%; Yemen con el 2%; Corea del
Norte con el 2%, etc.). En lo concerniente a los demás impuestos, la
reducción de la tasa impositiva debiera ser el resultado de un serio y
responsable análisis y consenso entre destacados economistas y
tributaristas, donde se incluya a los colegios de economistas de cada
departamento del país y no tan solo dejar todo en manos de un grupo
minúsculo afín y elegido políticamente.
Obviamente a nadie le gusta eliminar exoneraciones tributarias porque
comúnmente resulta políticamente poco viable; sin embargo, de la
eliminación de las exoneraciones, se podría asignar los recursos que se
recauden por dicha eliminación, directamente al gasto en educación y
salud.
Es más, dado que existirá una reducción significativa de la tasa
impositiva para todos los impuestos, ya no tendría sentido que se
efectúen las compensaciones o las descargas impositivas, evitándose de
esta manera el trato injusto hacia los contribuyentes de que no se les
reconoce determinados gastos para compensación como ser alimentación,
pensiones escolares, etc. En ese sentido, habiéndose ampliado el
universo de contribuyentes y reducida de forma significativa la tasa
impositiva, todos estarían obligados a pagar impuestos.
Otro aspecto de mucha relevancia es la simplificación de todos los
procedimientos; si bien se han realizado algunos avances al respecto,
sin embargo continúa siendo engorroso.
Aquella simplificación de los procedimientos no solo deben ser aquellos
relacionados con los impuestos sino con todo el aparataje del Estado,
porque todo trámite implica: formas, maneras, etc., que tienen los
ministerios, las municipalidades, las gobernaciones y todos los
organismos públicos en general, para financiar sus presupuestos.
En ese sentido, se debe evitar lo que se conoce como un incentivo
perverso a costa de los formalismos; es decir, inventarse en la función
pública una serie de pasos bajo la solapada lógica de que a mayor
cantidad de trámites que se crea, se tiene más ingresos para financiar
sus presupuestos, para pagar al personal, para alimentar la caja chica,
etc. Esto necesariamente debe cambiar en todo el aparato estatal en
general porque cuando los trámites por norma resultan siendo morosos y
complicados, usualmente y en muchos países acaban siendo un caldo de
cultivo para la corrupción. Cuando toda la maquinaria es concebida de
manera compleja empiezan los sobornos por agilización, etc.
Por todo lo expuesto, considero que la reforma tributaria debe
encaminarse hacia la eliminación de las exoneraciones tributarias,
ampliar la base tributaria bajando significativamente las tasas
impositivas, achicar el gasto público y el tamaño del Estado, luchar
contra la evasión y simplificar sustancialmente los trámites
administrativos para todo el aparato estatal.
Fuente.
